Indígenas peruanos se abocan a la inspección ambiental

Cada fin de mes, Wilson Sandi prepara con la destreza de un ingeniero ambiental un plan de trabajo para que indígenas achuar, como él, registren las huellas de 40 años de explotación de hidrocarburos en la región amazónica peruana de Loreto.

Sandi es el coordinador de los monitores del Programa de Vigilancia Territorial Ambiental creado por Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco), que concentra su labor alrededor en los lotes petroleros 1AB y 8, operados por la compañía de capitales argentinos Pluspetrol Norte.

Con equipos GPS, fotos y videos, los monitores registran los pasivos ambientales que permanecen desde hace varios años, así como las nuevas fugas de petróleo en cochas, quebradas, ríos y suelos de los que dependen las comunidades indígenas.

Desde que Feconaco empezó a implementar este programa en 2006, se documentaron 120 derrames. Junto a otras dos organizaciones indígenas del vasto territorio de Loreto, en el extremo nororiental, han logrado ubicar pasivos ambientales que ni siquiera el Estado no había incluido en su registro oficial.

Si se suman los monitores de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) y la Federación de las Comunidades Nativas del Alto Tigre (Feconat), unos 40 de estos inspectores recorren de arriba abajo las cuencas de los tres ríos.

Son los ojos entrenados de las comunidades que acumulan evidencias técnicas para respaldar los reclamos de los dirigentes indígenas al Estado y a la empresa, en medio de un clima de desconfianza.

“Este es el mejor mecanismo que hemos tomado como organizaciones”, dijo a Tierramérica el quechua David Chino, vicepresidente de Fediquep.

Una cuarta organización, la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), replicará en breve la experiencia en la cuenca del río Marañón para llenar el enorme vacío que deja allí el Estado.

En cuatro décadas de explotación petrolera en Loreto, Perú no ha logrado elaborar un registro actualizado de los pasivos ambientales de esa actividad, ni en todo el territorio nacional ni en la Amazonia.

Unos 9.000 pozos abandonados se identificaron principalmente en la zona norte del país. De ellos, más de 6.000 fueron mal cerrados y representan algún tipo de impacto ambiental. De la lista total, apenas se registraron 300 de la selva, informó a Tierramérica el ingeniero Jorge Villar, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El Estado casi no logró ubicar los pozos mal abandonados en la selva. Por eso “nosotros estamos haciendo lo que hace tiempo las autoridades debieron enfrentar”, dijo Sandi a Tierramérica.

Con este esfuerzo, los líderes consiguieron la atención del Estado y que un grupo parlamentario visitara esas zonas a mediados de este año y elaborara un informe alertando de la situación.

También lograron que las autoridades fiscalizadoras iniciaran procesos administrativos para investigar en el terreno y elaborar un mapeo ambiental de esas cuencas de Loreto. El objetivo es que se actualice el registro de pasivos y los nuevos daños.

Vía: Milagros Salazar | IPS Noticias

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