Recolectores de castaña bolivianos deben controlar aprovechamiento de madera

Los recolectores de castaña del norte de Bolivia deben asumir un rol más prominente en la supervisión del aprovechamiento comercial de madera realizado en sus bosques, de lo contrario corren el riesgo de perder el control de sus actividades e ingresos.

Aunque la legislación boliviana permite que las comunidades gestionen sus bosques para la producción de castaña y madera, la mayoría deja el aprovechamiento de madera en manos de empresas comerciales que se están trasladando a la región.

Si bien hay evidencia que indica que la tala informal en Bolivia ha tenido poco impacto en la regeneración de los árboles de castaña, los investigadores no saben aún a ciencia cierta cómo el aprovechamiento selectivo afecta la producción anual de los frutos del árbol –una relación que viene siendo investigada por CIFOR en el vecino país del Perú.

Hasta principios de 1990, grandes empresas en Bolivia tenían contratos sobre gran parte de los bosques del país que les permitían talar selectivamente y exportar especies valiosas de madera, como el cedro y la caoba.

Para ayudar a las comunidades a obtener mayores beneficios de sus recursos naturales, se aprobó una nueva ley forestal en 1996 que permitía que los pequeños propietarios y las comunidades con títulos de sus tierras practicaran el aprovechamiento forestal sostenible.

Aunque la tierra de las comunidades agro-extractivas de Pando es de propiedad comunitaria, las familias también tienen derechos informales a los castañales dentro de las tierras comunitarias donde han trabajado tradicionalmente. La castaña es una fuente importante de ingresos para los pequeños propietarios en Bolivia donde la cantidad de dinero recibida por los productores se ha cuadruplicado (desde seis dólares por bolsa a más de 25 dólares por bolsa) durante la última década.

Se suponía que el aprovechamiento de madera abriría otra fuente de ingreso para estas comunidades.

Pero la ley forestal exige la elaboración de planes de manejo forestal, y obtener la aprobación de dichos planes puede representar todo un obstáculo para las comunidades que carecen de capacidad y capital para desarrollarlos.

El estudio determinó que los planes de manejo de seis de las comunidades estudiadas habían sido desarrollados por empresas madereras. Las comunidades prácticamente no estuvieron involucradas, fueron desarrollados por ingenieros forestales de la empresa que no pertenecían a la comunidad.

Vía: Barbara Fraser | CIFOR

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