Ecuador: Una década de resistencia contra hidroeléctrica

Pese a la represión policial y al hostigamiento de funcionarios gubernamentales y trabajadores de la empresa Hidrotambo, la comunidad de San Pablo de Amalí, provincia de Bolívar, mantiene su resistencia a la construcción de una hidroeléctrica.

Los enfrentamientos con policías y militares han provocado la apertura de varios juicios por sabotaje y terrorismo, lo que tampoco ha logrado amedrentarla y cumple ya 10 años en resistencia.

En el 2003, durante la gestión del ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005), la empresa Hidrotambo, consorcio conformado por Plasticaucho Industrial, Electrogen, Corporación para la Investigación Energética y la empresa española Ingehydro, logró que la entonces Dirección Nacional de Recursos Hídricos —hoy Secretaría Nacional del Agua—, le otorgue una concesión por 50 años de más del 90% de la cuenca hidrográfica del río Dulcepamba para la construcción de una hidroeléctrica que generaría 8 megavatios para incorporar al sistema interconectado nacional.

La concesión comprometía unos 5,400 litros/segundo en estación lluviosa, y 1,960 litros/segundo en estación seca. En el 2005, poco antes de la caída de Gutiérrez, Hidrotambo logró que se aumente la concesión a 6,500 litros/segundo.

La obra afectará a 74 comunidades ubicadas en toda la cuenca del río Dulcepamba, desde San Pablo, en la cuenca alta de la sierra, hasta San Pablo de Amalí, en el subtrópico, lugar donde se construye la represa. Según la organización no gubernamental Acción Ecológica, unas 45,000 personas se verán afectadas, pero se ha previsto únicamente compensaciones para dos familias, cuyas fincas están en el sitio de construcción de la represa.

Vía | Noticias Aliadas

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