Uruguay genera tensión por incremento de producción de planta de celulosa

Nuevamente las tensiones entre Argentina y Uruguay por la planta de celulosa finlandesa UPM han subido de nivel debido a la aprobación por parte del Presidente de Uruguay, José Mujica, de un incremento en la producción de la compañía.

Esta situación ha llevado a la presidencia de Argentina a evaluar el caso y una posible nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, señaló que se estaba evaluando la situación y que se tomaría “un par de días” antes de denunciar nuevamente a Uruguay ante la Corte Internacional de la Haya. “Le mandamos a Uruguay dos mensajes, este es el tercero. Voy a esperar un par de días [antes de recurrir a la Corte de la Haya]”, señaló el canciller.

El conflicto recrudeció una vez que la planta de celulosa UPM solicitara aumentar su producción de 1,1 a 1,3 millones de toneladas anuales. El gobierno de Uruguay, por su parte, autorizó la mitad de lo pedido siempre y cuando se cumplan nuevas medidas ambientales.

Uruguay entiende que el impacto ambiental de UPM está dentro de los márgenes internacionales aceptados y que cumplió las consultas previstas en el Estatuto del Río Uruguay, el cual rige los usos, actividades y conservación del río homónimo.

De acuerdo a Timerman, la decisión de Mujica “afecta la soberanía ambiental de Argentina y viola los tratados entre ambas naciones”, pues el límite establecido por Uruguay en 2005 es de un millón de toneladas y no de 1,1 como han aceptado recientemente. El canciller remarcó que el dictamen anterior de la Haya se hizo sobre la base de esa cantidad, lo que ciertamente Uruguay no ve de la misma manera.

La historia de la planta comenzó en 2005, cuando el Presidente de ese entonces, Jorge Batlle, autorizó a la compañía finlandesa Botnia establecer la planta en la ribera del río Uruguay. Ya en 2006, y tras las frustradas negociaciones entre las partes, Argentina demandó a su contraparte ante la Corte Internacional de Justicia. El 20 de abril de 2010 la corte rechazó la demanda de Argentina de relocalizar la planta debido a que no se encontraron pruebas que den cuenta de la contaminación.

Vía | International Centre for Trade and Sustainable Development

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