Comunidades mexicanas se oponen a proyectos eólicos

El viento no para de soplar en el Istmo de Tehuantepec, en el sureño estado de Oaxaca. Noche y día sacude las plantas, barre el mar y mueve las palas de los aerogeneradores.

Para impulsar la creación de energía eólica en esa región mexicana, en el 2004 el Departamento de Energía de EEUU y la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) publicaron un Atlas de Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca, asegurando que las comunidades recibirían los beneficios sociales y económicos de la energía renovable.

Según el atlas, el potencial eólico de buena parte del Istmo de Tehuantepec es “excelente”, así que no sorprende si en diciembre del 2012 la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), que agrupa a las principales empresas de este rubro, ya contaba 15 parques eólicos en la zona.

“Las empresas se repartieron nuestro territorio, como los españoles cuando llegaron a América”, denuncia a Noticias Aliadas Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. “Reconozco que hay una preocupación mundial por el cambio climático, pero lo que mueve a las empresas es convertir nuestro aire en dinero. La energía verde es un negocio para obtener ganancia engañando a las comunidades; destruyen nuestra forma de vida y atentan contra nuestra soberanía alimentaria, obligándonos al desplazamiento”.

Son 10 las corporaciones transnacionales que operan 15 proyectos en el istmo oaxaqueño —Iberdrola, Acciona, CFE, Enel Green Power, Gamesa, Cemex, Peñoles, Eléctrica del Valle de México, Renovalia, Demex— y otros proyectos ya recibieron la autorización de la Comisión Reguladora de Energía del gobierno federal mexicano. El objetivo del gobierno de Oaxaca es instalar 2,000 MW de energía renovable para el 2015.

Sin consulta previa

Todas las empresas parecen operar bajo el mismo esquema que no prevé ninguna consulta previa, libre e informada para los 15 pueblos indígenas que habitan en el Istmo de Tehuantepec, como lo establece el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 1991, además de algunas leyes nacionales.

Para obtener el derecho de posesión sobre la tierra durante 30 años, los representantes de las empresas van casa por casa, pidiendo a las familias campesinas la firma de contratos leoninos donde fijan los montos por el pago del arriendo de la tierra. Además, prometen trabajo, desarrollo, inversiones en infraestructuras y una disminución en los recibos de luz una vez que el parque eólico esté en función.

En realidad, 10 de los parques eólicos que operan en el Istmo de Tehuantepec, trabajan bajo el esquema “autoabastecimiento”, que la Secretaría de Energía del gobierno federal define como “generación de energía eléctrica para fines de autoconsumo, siempre y cuando dicha energía se destine a satisfacer las necesidades de personas físicas o morales y no resulte inconveniente para el país”. Las “personas físicas o morales” que están utilizando la energía producida por estos aerogeneradores para satisfacer sus necesidades de consumo son grandes corporaciones transnacionales, entre ellas Nestlé, Femsa-Coca Cola, Bimbo, Nissan y Mitsubishi.

Además, lo que están percibiendo las familias campesinas oaxaqueñas son puras migajas. Según Roberto Garduño, del diario mexicano La Jornada, en Europa el estándar de renta de la tierra por las empresas eólicas representa el 3.9% de los costos totales de producción, mientras que en México se sitúa entre 0.025% y 1.53%.

En muchos casos estos contratos son ilegales, puesto que buena parte de la tierra ocupada por los parques eólico no es privada, sino comunal. “En este régimen de propiedad la tierra pertenece a la comunidad, las familias tienen el usufructo sobre ella sin ser dueñas”, explica a Noticias Aliadas el abogado Raúl Rangel González. “Sólo la asamblea comunitaria puede otorgar a la empresa el derecho a operar”.

Vía: Orsetta Bellani | Noticias Aliadas

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