La deforestación amenaza los derechos territoriales indígenas en Bolivia

Ubicadas entre los Andes y la Amazonia, las tierras agrícolas del este de Bolivia ofrecen una oportunidad única para la agricultura, con suelos de mayor calidad que otras áreas.

Sin embargo, en las últimas décadas, ha habido un aumento de la deforestación, sobre todo a raíz de la llegada de los grandes terratenientes brasileños que llegaron entre los años 1980 y 1990.

Esto ha provocado que la tensión en el entorno y amenazado la capacidad de las comunidades indígenas para preservar su forma de vida. El derecho internacional protege los derechos de propiedad de los indígenas, tanto de la propia tierra y para la sostenibilidad de la tierra, como medio de protección de los intereses locales.

En tanto la Convención Americana y la Declaración Americana, los Estados Partes, incluyendo Bolivia tienen la obligación de respetar y proteger estos intereses y tierras nativas amenazadas.

Poco más de un tercio de la población de Bolivia vive en las zonas rurales, y la producción agrícola de los departamentos orientales del país aportan la cuarta parte del PIB del país.

Por lo tanto, las cuestiones que afectan a las fronteras tienen un efecto tremendo en el país. Los efectos ambientales de la expansión de las ciudades y la deforestación para la ganadería han llegado a los residentes con un clima más cálido y seco,  disminuyendo la agricultura y con mayor expansión de la ganadería.

Un informe de la Agencia Nacional para el Control Social de Bosques y Tierras, encontró que 3,3 millones de hectáreas de tierra fueron deforestadas ilegalmente entre 1991 y 2009, en gran parte para la industria agropecuaria. Comunidades agrícolas indígenas río abajo, se han quejado sin agua debido a la ganadería.

Cuando Evo Morales fue elegido presidente en 2006, trató de poner remedio a la situación mediante la renegociación de la relación entre el Estado y los latifundios, la clase terrateniente. La ley de reforma agraria de 2006 y la nueva constitución en el año 2009 tienen como objetivo limitar la acumulación de poder de los terratenientes mediante la limitación de compra de tierras entre particulares a 5.000 hectáreas.

Como resultado , la propiedad boliviana nativa de las tierras productivas en Santa Cruz se incrementó en un 17 % de la cosecha de 1998/99 para la cosecha 2008-09.  Sin embargo, los cambios son en gran parte hacia el futuro y por lo tanto, tendrán sólo efectos limitados sobre las transferencias que ya han ocurrido.

Mientras tanto la apropiación de la tierra por los colectivos y los efectos de micro –climáticos como consecuencia de la deforestación, amenazan los derechos indígenas a la tierra, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo XXIII de la Declaración Americana buscan proteger los derechos de propiedad.

El derecho a la propiedad va más allá de la mera propiedad o residencia, debe reconocer el papel de la tierra como una forma de proteger la comunidad y la cultura. La Corte Interamericana de Derechos establece que los grupos indígenas tienen un interés en la preservación de su hábitat como una forma de mantener su apego cultural a la tierra. Este derecho se extiende especialmente a los recursos hídricos y minerales.

Los cambios drásticos en el medio ambiente y la reducción del agua plantean retos indirectos a los derechos de propiedad indígena, no amenazando con apoderarse de la tierra, sino empujando poco a poco a los nativos de sus tierras.

Los cambios en las precipitaciones y el acceso al agua en el este de Bolivia son problemas materiales que pueden restringir el uso de los ocupantes históricos de la tierra.

Las últimas décadas han visto una notable liberación de la propiedad y uso del suelo en el este de Bolivia, pero estos cambios también han afectado negativamente a la capacidad de los grupos indígenas a mantener sus comunidades.

Las tendencias recientes sugieren que los intentos del gobierno boliviano para frenar el uso de tierras para la ganadería ha tenido al menos un éxito limitado.

Sin embargo, en la medida en que la deforestación con fines agropecuarios sigua impidiendo a las comunidades indígenas el uso de sus tierras, el gobierno boliviano no ha cumplido plenamente con su obligación de proteger los intereses indígenas en cuanto a la propiedad de la tierra.

Fuente | hrbrief.org

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