Un acuerdo anticlimático: pacto comercial UE-Canadá

Ambientalistas denuncian el grave impacto ambiental acuerdo comercial con Canadá (CETA por sus siglas en inglés), que contradice los objetivos europeos de reducción de emisiones, con la posible utilización de “arenas bituminosas” que Canadá pretende importar.

La denuncia recuerda  que la Comisión Europea sigue sin iniciar el proceso de reforma de la Directiva sobre Calidad de los Combustibles al que tan enérgicamente se ha opuesto Canadá y que tan importante es para lograr una reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero. El retraso incumple los compromisos adquiridos por la propia Comisión.

En 2009 la Unión Europea aprobó una reforma de la directiva de calidad de combustibles (FQD en sus siglas en inglés) con el objetivo de lograr que en 2020 el petróleo consumido en el sector transporte tuviera un 6% menos de emisiones asociadas a su consumo respecto a 2010, teniendo en cuenta el ciclo de vida completo (desde la obtención y refinado del petróleo hasta su combustión).

Dado que existen diferentes tipos de petróleo -convencionales, procedentes de arenas bituminosas, combustibles sintéticos, etc.- la Comisión Europea encargó un estudio para conocer las emisiones asociadas a cada tipo de petróleo y en función de ello establecer unos valores de emisión sobre los que medir y evaluar los compromisos obligatorios de reducción. A su vez, se comprometió a que la reforma de la Directiva quedara aprobada como muy tarde en 2012.

Las conclusiones del estudio fueron claras: el petróleo procedente de las arenas bituminosas emite un 23% de media más de emisiones que los petróleos convencionales. Es decir, que el cumplimiento del objetivo del 6% tenía que pasar por evitar el consumo de este tipo de petróleo. Canadá, uno de los países con mayores reservas probadas de petróleo procedente de arenas bituminosas, se ha opuesto pública y enérgicamente a la aprobación de esta reforma de la directiva al considerarla lesiva para sus intereses comerciales.

Y todo ello ha ocurrido en el mismo periodo en que la Unión Europea y Canadá, impulsadas por los grupos de presión empresariales que operan en ambos espacios políticos, han estado negociando la consecución de un acuerdo económico y de libre comercio (CETA por sus siglas en inglés), que fue firmado el pasado 18 de octubre, aunque todavía quedan aspectos inconclusos.

No hay dudas de que la reforma de la directiva ha estado presente en las negociaciones del CETA, y todo apunta a que ha sido utilizada como moneda de cambio en las mismas. Eso explica que la Comisión Europea, teniendo los estudios y las conclusiones, no haya iniciado ya el proceso para reformar la directiva. Sin embargo, esta reforma era una de las herramientas claves con las que la Unión Europea pretendía conseguir el compromiso de reducir un 20% sus emisiones en 2020. Por lo que si al final la reforma no sale a la luz, la Unión Europea habrá antepuesto  los intereses comerciales de las multinacionales canadienses y europeas, entre las que se incluyen las petroleras, a su propia normativa y compromisos –ya de por si poco ambiciosos ambos- en materia ambiental.

De hecho, la inclusión de un capítulo de protección de las inversiones, por el cual las multinacionales pueden denunciar a los estados ante tribunales internacionales poco transparentes cuando consideren que las políticas públicas interfieren con sus beneficios, hace presagiar que una vez más, los grupos de presión corporativo han impuesto todas sus reivindicaciones.

Vía | nosolomerida.es

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