Uruguay: Medición de huella de carbono, cada vez más exigida por los consumidores

Las empresas uruguayas están asimilando la necesidad de incorporar en mayor medida prácticas responsables que permitan medir las emisiones de gases de efecto invernadero de sus procesos productivos, así como su mitigación y neutralización.

Lo que hasta hace relativamente poco tiempo era visto como buena reputación, se advierte que en la actualidad es una demanda de los consumidores en distintas zonas del mundo y en poco tiempo, se tornará en exigencia por parte de los principales socios comerciales.

Agustín Inthamoussu, Gerente General de Carbosur, una firma uruguaya dedicada a brindar servicios en el área de medio ambiente y cambio climático, señaló que la toma de conciencia sobre esta temática ha tenido un fuerte impulso a partir de proyectos de energía renovable. La generación de energías limpias permite a las compañías generar “bonos verdes”, un activo que cotiza en el mercado internacional.

Carbosur abrió sus operaciones en el año 2000 y desde ese momento trabajan en temas de mitigación al cambio climático, área en la cual son los pioneros en el país. Hasta el momento, han desarrollado entre 15 y 20 proyectos por el mecanismo de desarrollo limpio y 8 iniciativas en el mercado voluntario.

Además han trabajado en inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) colaborando con el gobierno uruguayo y también con los de España y México. “Estos inventarios son obligatorios para los países que deben cumplir con el protocolo de Kyoto, que necesitan demostrar año a año cuánto han emitido”, explicó el ejecutivo de la firma.

En cualquier actividad que se desarrolle, tanto en una línea de producción como el armado de un evento, existe cierto nivel de emisión de gases. En todos los casos se puede medir la HC y luego neutralizarla, para que su impacto sea cero, mediante la compra de bonos por un monto equivalente a las toneladas de dióxido de carbono (CO2) emitidas.

Esos títulos existen en el mercado y se generan en distintos proyectos. “En Uruguay hay muchas iniciativas que han generado certificados, como plantaciones forestales o producción eléctrica en base a renovables; la medición se hace comparando, en el caso de la generación eléctrica, el volumen de la emisión de GEI con este sistema y cuánto se habría generado por los métodos tradicionales”, explicó Inthamoussu. Ante la presentación de un proyecto de esas características, se le “premia” otorgándole esos “bonos verdes”, en la cantidad que corresponda, según los parámetros utilizados por las organizaciones que participan de esos mercados.

Algunas compañías optan por el mercado regulado por el Protocolo de Kyoto, bajo el llamado mecanismo de desarrollo limpio, y otros participan del mercado denominado “voluntario”, por fuera de los compromisos asumidos por los países en esa ciudad japonesa en 1997.

El protocolo de Kyoto entró en vigencia en 2002 y el primer período de compromiso de los países fue de 2008 a 2012. El segundo período comenzó en 2012 y va hasta 2020. “No podemos hablar aún de mercados maduros en estos temas”, sostuvo.

Los certificados de carbono son un activo, que luego se pueden comercializar. Los interesados en adquirirlos son empresas que están desarrollando procesos con altas emisiones y necesitan neutralizar.

Fuente | http://www.elpais.com.uy

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