Bosques comunales reducen contaminación y deforestación

Las tasas de deforestación y de emisiones de carbono se han reducido drásticamente en las áreas manejadas por pueblos indígenas y comunidades locales con plena protección de sus derechos a los bosques.  

Sin embargo, las políticas gubernamentales para enfrentar el cambio climático no aprovechan esta estrategia, señala un informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) y la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI por sus siglas en inglés), dos organismos sin fines de lucro dedicados a temas de desarrollo y ambiente.

El informe, dado a conocer el 24 de julio en Washington D.C., cuantificó la cantidad de carbono almacenado en los bosques gestionados por comunidades indígenas de 14 países de África, Asia y América Latina.

Concluye que unas 37.7 mil millones de toneladas de reservas de carbono están almacenadas en 513 millones de hectáreas de comunidades forestales reconocidas oficialmente. Esa cantidad equivale a 29 veces las emisiones anuales de todos los vehículos de pasajeros del mundo.

“Es un enfoque de acción climática que debería estar a la altura de REDD+ (reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques)”, dijo Andrew Steer, presidente de WRI durante la teleconferencia de lanzamiento del informe.

Usando datos de mapeo de alta resolución, el estudio encontró que la tasa de deforestación en las comunidades indígenas con derechos forestales protegidos de la Amazonía brasileña fue menos del uno por ciento entre 2000 y 2012, mientras que fuera de esas áreas fue de siete por ciento.

En el mismo periodo, estas últimas produjeron 27 veces más emisiones de dióxido de carbono que las primeras. Cuando las comunidades indígenas no tienen derechos legales o estos son muy débiles, sus bosques tienden a ser más vulnerables a la destrucción y se convierten en una gran fuente de emisiones de carbono.

El estudio advierte que el reconocimiento de los derechos forestales indígenas no es suficiente si los gobiernos los socavan en la práctica. Cita los casos de Papúa Nueva Guinea y Perú, donde las plantaciones de palma aceitera, la minería y otro tipo de concesiones se traslapan con los territorios indígenas.

“Muchos gobiernos no quieren hablar con sus ciudadanos, y menos con los pueblos indígenas”, reconoce Andy White, coordinador de RRI. “Creo que la mejor estrategia es mostrarles los logros positivos de algunos gobiernos en contraste con los que no protegen los derechos de sus comunidades indígenas”, sugiere. Añade que el sector privado debe ser incluido en la definición de estrategias, “porque todos los gobiernos le prestan atención”.

El informe recomienda reconocer y proteger los derechos forestales de los pueblos indígenas y las comunidades locales; brindarles capacitación y asistencia técnica para mejorar el uso forestal sostenible; hacer participar a las comunidades en la toma de decisiones e inversiones que afecten sus tierras forestales; y compensarlas por los beneficios que se derivan del manejo sostenible de sus bosques.

Louis Verchot, director de investigación de bosques y medioambiente del Centro Internacional de Investigación Forestal (CIFOR), con sede en Indonesia, dice que esas recomendaciones proporcionan una “hoja de ruta para que los gobiernos nacionales logren reducir la deforestación”.

Sin embargo, subraya la presencia de “intereses poderosos alineados para mantener sin poder a las comunidades”. Verchot indica que cuando la descentralización no incluye la transferencia de algunos derechos y responsabilidades para la toma de decisiones sobre los recursos forestales, “las comunidades no se benefician, los medios de subsistencia no mejoran y continúa la captura de los dividendos por parte de las élites”.

Fuente | http://www.scidev.net

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