Venezuela: ONG exigen al Gobierno paralizar concesiones del Arco Minero hasta cumplir con derechos de pueblos indígenas | Video

Tres organizaciones de derechos humanos insistieron en las deudas en materia de implementación de la normativa constitucional y de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas en Venezuela; y en la falta de una consulta previa, libre e informada en torno a proyectos como el Arco Minero del Orinoco, que consideran lesivo.

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En un comunicado, suscrito por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Laboratorio de Paz y el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI-ULA), las organizaciones señalan que tras 17 años de aprobada la Constitución el proceso de demarcación de territorios indígenas se mantiene estancado en un 12,5%, sin cumplir con la garantía de propiedades colectivas.

“No se ha realizado ningún proceso de consulta previa, libre e informada en Venezuela. La jurisdicción indígena sigue siendo una de las grandes deudas en materia de sus derechos; la militarización de los territorios, sin consulta, ha generado violaciones a la vida, integridad física y libre tránsito e inaceptables afectaciones culturales”.

Las organizaciones destacan que el progresivo abandono y merma en la asistencia en materia de salud se evidencia en los propios boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud, registrando una epidemia de malaria en estados con mayoritaria presencia indígena.

En materia alimentaria, sostienen que el sistema de asistencia de alimentación del Estado es deficiente, mientras que denuncian que “la inacción y complicidad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales frente a los grupos armados ilegales, bandas armadas y mafias en actividades mineras han generado un preocupante proceso de sometimiento, indefensión y cambio cultural en comunidades y pueblos indígenas”.

Las sombras del Arco Minero

La amenaza más reciente está marcada por la aprobación del Decreto 2.248, publicado en Gaceta Oficial 40.855, que -aseguran- es aún más grave para la preservación de su cosmogonía, culturas, formas de vida y el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro aprobó, el 24 de febrero de 2016, la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), entregando en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados, lo que comprende el 12,2% del territorio venezolano.

El estancamiento del proceso de demarcación de las tierras indígenas, el abandono en materia de atención médica, las deficiencias alimentarias y la incursión de grupos armados han sido los principales problemas que han agobiado a los indígenas de Venezuela en los últimos años.

Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización, por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita en toda la margen sur del río Orinoco.

Según el censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondiente al 2011, en el estado Bolívar -zona donde se ubica mayoritariamente el territorio del AMO- habitan 54.686 personas indígenas, mientras que según el mapa editado en el 2010 por el Ministerio de Pueblos Indígenas, dentro de lo decretado como AMO habitan los pueblos indígenas Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak y Akawako, cuyo modo de vida sería afectado por la actividad minera.

Exhortos claros

Las organizaciones manifiestan que el derecho a la propiedad por parte del Estado en razón del interés de soberanía nacional no está por encima de los derechos a la propiedad comunitaria, ni en la denegación de las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios, poniendo en peligro la propia subsistencia del grupo y de sus integrantes.

En virtud de lo antes expuesto, exhortan al Estado venezolano a:

– Cumplir con todas sus obligaciones constitucionales en materia del Capítulo VIII de los derechos de Pueblos Indígenas y zanjar la deuda en materia de su implementación.

– Paralizar todas las concesiones a empresas trasnacionales y nacionales en la Zona AMO hasta tanto no se presenten los estudios de impacto ambiental y sociocultural, en estricto cumplimiento con los estándares internacionales para su realización, su difusión amplia a pueblos y comunidades indígenas así como a la sociedad en general.

– Realizar con base en los estándares internacionales en materia de derechos humanos el proceso de consulta previa libre e informada así como el consentimiento libre, previo, informado y de buena fe, con todas las comunidades y pueblos indígenas en el país ante cualquier proyecto que pueda afectar su supervivencia cultural y cosmogonía de vida.

– Cumplir con las recomendaciones emanadas del Sistema Universal de Derechos Humanos ONU al Estado venezolano, con carácter de urgencia en el caso de las referidas a demarcación y reglamentación y aplicación del derecho a la consulta previa, libre e informada.

Fuente | correodelcaroni.com

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